Declaración de los bibliotecarios en la audiencia pública de 2018

Para el proyecto de ley 206 de 2018 en Colombia, que actualiza la ley de derecho de autor, el sector bibliotecario presentó su declaración. Aquí las dos presentaciones de la audiencia pública.


Bibliotecarios al Senado

Tanto Leonardo Ramírez-Ordóñez como Johana Jaramillo, un par de bibliotecarios colombianos ya fueron a la Comisión Primera del Senado, pero esperamos que nos acompañen más bibliotecarios al Senado.

Declaración de Conector, Ascolbi e IFLA

Buenas tardes a todas las personas presentes. Yo soy Leonardo Ramírez-Ordóñez, vengo en representación de la Fundación Conector, es una organización sin ánimo de lucro que tiene base bibliotecológica. También represento a la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias y al Colegio Colombiano de Bibliotecología ASCOLBI.

Aunque mi profesión se basa en los hechos que ocurren en el pasado, voy a procurar hablarles desde el siglo XXI esperando que la decisión que tomen al legislar sea también para el futuro.

A diferencia de lo que muchas personas creen quienes nos desempeñamos laboralmente en instituciones culturales, cuando tomamos el cargo, no pasamos a hacer parte de las estanterías o de las colecciones que allí se resguardan. Por el contrario, buscamos constantemente las vías para garantizar a las personas sus derechos fundamentales como son el acceso a la información, el apoyo a la educación, el acceso a la cultura, la preservación del patrimonio y la construcción de reconocimiento e identidades locales.

En la actualidad todo lo que nos representa como nación se encuentra resguardado en instituciones como bibliotecas, archivos, museos y centros de documentación, espacios en donde se discute y presentan todos estos contenidos. En ellos reposan objetos y documentos, que representan a una comunidad consolidada, como la nuestra, una nación, personas como colectivo. Sin embargo, de nada sirve que estos elementos se mantengan almacenados sin la posibilidad de que las personas puedan disfrutar de ellos para conocer su pasado, entender su presente y proyectarse a futuro.

Teniendo en cuenta esto, nosotros realizamos unos comentarios concretos, sobre los parágrafos de los artículos 3, 6, 7 y 8 sobre el agotamiento de la primera venta y en los que se menciona el préstamo público como un derecho exclusivo y eso nos preocupa porque justamente las bibliotecas lo que hacemos es prestar libros. Entonces si eso se mantiene, se aumentaría la carga laboral, burocrática y por algo que ya en otros lugares del mundo se da por sentado.

En el artículo 13 sobre elusión de medidas de protección tecnológica, nos sirve a nosotros para toma de decisiones sobre adquisiciones de material que compramos legalmente o recibimos a través de donación. Pero si no podemos poner a disposición al público estos materiales, abriendo los candados digitales pues ¿para qué nos serviría? Y además, si lo intentamos, estaríamos infringiendo la ley.

En el artículo 16, sobre terminales especializadas, vemos también que es excluyente con bibliotecas que funcionan solamente en entornos digitales, como en el caso de la de el Instituto Nacional para Ciegos y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Proponemos, en lugar de esto, medidas de protección tecnológica que impidan la copia y uso de este tipo de materiales como lo hace por ejemplo Adobe.

Vemos también que no se han incluido y son necesarios temas como las limitaciones de responsabilidad, en donde funcionarios de bibliotecas o las mismas instituciones, estarían en peligro, como en el caso de Diego Gómez. Es necesario blindar a las instituciones y a sus funcionarios para que no deban enfrentar cargos por realizar su labor misional.

El derecho a acceso a obras objeto de retracción o retiradas, sobre todo en estos tiempos, cuando vemos que materiales de interés histórico como las publicaciones de las FARC o de los paramilitares que ya se han desmovilizado, están desapareciendo o están a punto de desaparecer del todo en la web. [La pérdida de] estos contenidos además de vulnerar a toda la población, afectan directamente a las bibliotecas patrimoniales, quienes si intentan preservar esta memoria estarían cometiendo igualmente una infracción.

Tenemos también una serie de recomendaciones en donde buscamos que se legisle para el futuro, tener en cuenta la sobras huérfanas y las obras no publicadas como en el caso que mencionaba Pilar y algunos casos que vemos en la legislación de Ecuador. Ver por el depósito legal digital y sobre todo responder a la pregunta sobre lo que nosotros buscamos: Si las bibliotecas o las instituciones culturales están vulnerando a otras industrias ¿quién me podría decir cómo una librería ha funcionado por tanto tiempo en la entrada de la Biblioteca Luis Ángel Arango.

Muchas gracias.

Declaración de OpenConnection

Honorables senadores de la Comisión Primera y miembros de la sociedad civil.

Mi nombre es Johana Jaramillo y soy fundadora de OpenConnecition, una empresa dedicada a impulsar el desarrollo científico mediante servicios de gestión de la ciencia.

Creemos que la investigación científica tiene el potencial de resolver gran parte de los problemas de la nación, impulsar la economía y llevarnos a la construcción de una nueva civilización y estamos seguros de que la gestión de la información para la ciencia es la base fundamental de la dinámica de la investigación.

En este sentido los servicios de información que prestan centros de documentación, bibliotecas universitarias y especializada que atienden las comunidades científicas y académicas son de vital importancia en el ecosistema de conocimiento e innovación del país.

Durante el 2016 OpenConnection participó en conjunto con la Fundación Conector y el Colegio Colombiano de Bibliotecología (ASCOLBI) en el proyecto de la Federación Internacional de bibliotecas IFLA para analizar el impacto del derecho de autor en las bibliotecas de América Latina.

En Colombia, las dificultades que encuentran las Bibliotecas Universitarias, especializadas y centros de documentación limitan significativamente los servicios de apoyo a la investigación.

El 100% de los centros de documentación y bibliotecas especializadas consultadas indican tener dificultades con temas como:

  1. Importación paralela
  2. Préstamo de materiales
  3. Traducciones
  4. Suministro de obras

Además señala que solo tendrían permisos para generar digitalización de contenidos del 5% de su colección bien sea para efectos de conservación o de circulación en la corriente de acceso abierto a la ciencia.

Mientras que el 100% de las bibliotecas universitarias reportan dificultades en:

  1. Préstamo de materiales
  2. Suministro de obras

Además señalan que sus rectores han empezado a recibir solicitudes de cobro de parte del Centro de Derechos Reprográficos CDR a propósito de las obras que reposan en los acervos bibliográficos de las bibliotecas y los servicios que con ellos se prestan.

El sector bibliotecario en el mundo es por principio cooperativo, en respuesta a las necesidades de intercambio de conocimiento y racionalización de recursos, sin embargo el servicio de suministro de obras que permite proveer documentos existentes en cualquiera de las bibliotecas de la red cooperante, está identificada como uno de los grandes limitantes para servicios de información especializada para la investigación. Pese a la existencia de redes internacionales como ISTEC para tal fin.

Gran parte de la información científica que se produce en el mundo son materiales grises (es decir, sin publicar) que reposan en esos acervos bibliográficos de centros de documentación y bibliotecas especializadas, que reportan no poder digitalizar para fines de conservación del patrimonio científico nacional o circulación entre la comunidad académica y científica del país y el mundo. Empeora cuando hablamos de datos a la investigación, derivados como fotografía, video, o audios, algunos resultados de laboratorio se entregan sin la identificación de un autor, convirtiéndolos en obras huérfanas y por tanto imposibilitando su circulación en cualquier modalidad de servicio bibliotecario. Es necesario recordar que la información científica colombiana es un activo de la nación y su gestión y circulación es generadora de riqueza, mejora las condiciones de competitividad y son fuente de innovación.

Los bibliotecarios de la nación se están viendo abocados a una decisión que resulta difícil en el marco de la cultura de legalidad, respeto y buenos usos que caracteriza el sector, se enfrentan decidir entre su vocación y responsabilidad ética de facilitar el acceso democrático a la información y con ello acarrear las responsabilidades legales que puedan suceder.

Las bibliotecas y centros de documentación son motores que impulsan la ciencia, la educación y la cultura, sectores de vital importancia para el desarrollo nacional. Son y han sido instrumento idóneo para el aterrizaje de políticas públicas a lo largo del país y son motores de desarrollo para la industria editorial, toda vez que la presencia significativa de bibliotecas en el territorio hace crecer la presencia de librerías y servicios editoriales virtuales.

Solicitamos entonces, contemplar excepciones y limitaciones amplias que protejan el que hacer del sector bibliotecario, que se incluyan la limitación de responsabilidades para los funcionarios de unidades de información de todo tipo, uso de obras huérfanas, suministro de obras al interior de la red de cooperantes bibliotecarios, reproducción y transformación de obras para fines de conservación y promoción al interior de las instituciones bibliotecarias. E instamos al honorable congreso a contemplar los usos justos como parte de la dinámica de derecho de autor para el país.

Aprovechamos esta discusión para solicitar su apoyo a la iniciativa de ciencia abierta que a bien adelanta Colciencias y recordamos que el sector bibliotecario está presto a un trabajo colaborativo con las instituciones del estado para una necesaria actualización de la ley de derecho de autor.

El video completo de la audiencia pública

En este enlace puede ver el video completo de la audiencia pública, realizado en abril de 2018 en el Congreso de la República de Colombia.

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